DP Tulua - 8 Julio 08

URGENTE

 

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

 

LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

“Francisco Isaías Cifuentes”

 

DENUNCIA PÚBLICA

 

AL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA, SOBRE LA CORDILLERA CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE TULÚA, CORREGIMIENTO MONTELORO, VEREDAS SANTA HELENA – PEPITAS Y LA FLORESTA.

 

En desarrollo de la autodenominada “Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social” y los componentes de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. El Estado Colombiano, continúa desplegando una guerra de terror militar en contra de humildes ciudadanos campesinos, sus líderes naturales y sus organizaciones.

 

DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:

 

En desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, militares del Estado Colombiano integrantes de la Brigada Móvil No. 20, agregada operacionalmente a la III Brigada, adscritos a la III División del Ejercito del Estado Colombiano al mando del Mayor General JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ. Continúan aterrorizando a los pobladores y líderes naturales, mediante ejecuciones extrajudiciales, retenciones arbitrarias, señalamientos, agresiones físicas y psicológicas y la realización de actos de vandalismo y pillajes.

 

Como política de Estado, el ejército del Estado Colombiano, asesina, señala, comete actos de vandalismo y retiene arbitrariamente indefensos campesinos y posteriormente los presenta ante los medios masivos de comunicación y ante la comunidad internacional como insurgentes dados de baja en combate o como hechos realizados por “malos” elementos de la institución castrense.

 

Hechos  realizados, en el afán del Estado Colombiano por posicionar el sofisma del incremento de resultados cuantitativos de la política de “seguridad democrática” en su lucha frontal contra el “enemigo interno” y que en realidad son acciones sistemáticas de exterminio popular realizadas por el Estado Colombiano en su función de control social y territorial, en donde a través de la intimidación y aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el estado busca expropiar a campesinos de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus territorios ancestrales y su cultura, atacando sistemáticamente a organizaciones y a sus líderes naturales, para posteriormente insertar a los lugareños en el modo de producción capitalista a través de planes y proyectos denominados de desarrollo sostenible.

 

Esta clase de  acciones que en la cordillera central, tienen amedrentada a las comunidades campesinas, son ejecutadas como política de Estado y a diario se desarrollan en Colombia, por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, al Gobernador del Departamento del  Valle del Cauca, señor JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas militares por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en contra de los ciudadanos asentados en las zonas de operaciones del ejército de Colombia en el municipio de Tulúa.

 

HECHOS.

 

Al sur occidente de Colombia, sobre la cordillera central, en el Departamento del Valle del Cauca, municipio de Tulúa

 

Martes 1 de julio de 2008

 

 

En el corregimiento Monteloro, vereda Santa Helena – Pepitas, finca La Eucaliptera, lugar de residencia del humilde ciudadano campesino CÉSAR CUADROS LEAL cerca de las 6:20 de  la mañana hacen presencia Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20.

 

Cerca de las 6:30 de la mañana en momentos en que el humilde campesino CÉSAR CUADROS LEAL se dirigía a ordeñar una vaca de su propiedad, llevando en la mano sus herramientas de trabajo (un filtro (colador) y un balde), es abordado por un grupo de Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, quienes a través de ráfagas y disparos tiro a tiro de fusil Galil impactaron su cuerpo causándole la MUERTE.

Segundos más tarde, sobre el cuerpo sin vida del ciudadano campesino CÉSAR CUADROS LEAL, el grupo de militares del Estado Colombiano procedió  a colocarle un fusil en la mano, un cargador en el cinto y una cajetilla de cigarrillos (Es de señalar que el campesino Cuadros Leal no fumaba, ni portaba armas de fuego o proveedor). Finalmente un militar del Estado Colombiano cubrió el cadáver con una carpa camuflada mientras que otros lavaban el balde y el filtro que habían quedado manchados de sangre.

 

La Humilde ciudadana colombiana NATALY GARCÍA RAMOS de 20 años de edad (esposa de Cuadros Leal) al oír las ráfagas de fusil salió de la vivienda en búsqueda de su esposo, pero varios militares del Estado Colombiano le impidieron el paso hasta el sitio donde se encontraba el cuerpo sin vida de su esposo.

 

Posteriormente un grupo de militares del Estado Colombiano, retuvieron arbitrariamente a la ciudadana colombiana NATALY GARCÍA RAMOS en el corredor de su casa de habitación.

 

Cerca de las 2:00 de la tarde un militar del estado Colombiano, de rango cabo y de apellido PEÑA, se dirige a la señora GARCÍA RAMOS y le exige las llaves de una moto DT 125 de placas KIQ08 que se encontraba en el lugar, argumentando que se la iba a llevar a “mi teniente”.

 

Las humildes ciudadanas colombianas NATALY GARCÍA RAMOS y MARY LUZ ARANGO (amiga de García Ramos), pasaron retenidas arbitrariamente toda la noche por seis militares del estado Colombiano que se apostaron en la residencia.

 

Miércoles 2 de julio de 2008

 

Cerca de las 6:30 de la mañana, la humilde ciudadana campesina NATALY GARCÍA RAMOS, retenida arbitrariamente desde el día anterior, es abordada por un grupo de militares del Estado Colombiano, quienes la trasladan a la fuerza hasta el lugar en donde se encontraba un oficial del el ejercito del Estado Colombiano de rango teniente y apellido sin identificar, quien estaba ubicado a cerca de hora y media de camino a pie. En el lugar él Teniente le dice a la señora GARCÍA RAMOS que su esposo era un guerrillero y que por eso lo habían matado, mientras que le enseña el cadáver de su esposo con el fusil y el cargador que adiciono el grupo de militares del Estado Colombiano.

 

 

Jueves 3 de julio de 2008

 

Corregimiento de Monteloro, vereda La Floresta, finca La Meseta, cerca de las 11:00 de la noche, un grupo de militares del Estado Colombiano hacen presencia en la casa de habitación de la humilde ciudadana campesina MIRIAM GAVIRIA.

 

Posteriormente los militares del Estado Colombiano, además de ingresar a la propiedad sin autorización u orden judicial, proceden a realizar ruidos graves y agudos perturbando la tranquilidad del hogar campesino, al tiempo que golpean un perro de la finca y proceden a consumir MARIHUANA.

 

El grupo de militares del Estado colombiano drogados, al notar que la ciudadana colombiana MIRIAM GAVIRIA y sus pequeños hijos menores de edad se encontraban en el lugar, procedieron a golpear con punta puntapiés y golpes de elementos contundentes en repetidas ocasiones las paredes de la casa y el piso del corredor hasta aproximadamente las 3:00 de la mañana del día 4 de julio. Finalmente los militares del estado Colombiano cortaron los alambrados de la finca La Meseta, ocasionando que las reses y animales de carga de la señora GAVIRIA se salieran del predio.

 

Es de resaltar que la ciudadana colombiana MIRIAM GAVIRIA, en la actualidad es integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Floresta y líder del Grupo de Mujeres “Gotas de Esperanza”.

 

 

ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE MILITARES COLOMBIANOS EN EL SECTOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS LAMENTABLES PRECEDENTES DE ACCIONES SIMILARES.

 

DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN CONTRA DEL PUEBLO COLOMBIANO Y

 

RESPONSABILIZAMOS

 

AL ESTADO COLOMBIANO, Y EN PARTICULAR AL MAYOR GENERAL JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ (III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA), POR LA ACCIÓN OMISIVA Y CÓMPLICE DE SERIAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR INTEGRANTES DEL LAS FUERZAS REGULARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE TULÚA; POR LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS BIENES DE LOS CAMPESINOS ASENTADOS EN LA ZONA DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE DIRIGE. Y EN ESPECIAL POR EL CRIMEN DE ESTADO COMETIDO EN CONTRA DEL CIUDADANO CAMPESINO CÉSAR CUADROS LEAL Y POR LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS CAMPESINOS NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA

 

EXIGIMOS

 

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

  • El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.

 

AL ESTADO COLOMBIANO

  • El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de  los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
  • Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
  • Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la ejecución extrajudicial del ciudadano colombiano CÉSAR CUADROS LEAL

 

A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

  • Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
  • Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
  • Impulsar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la ejecución extrajudicial del ciudadano colombiano CÉSAR CUADROS LEAL

 

 

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

  • Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos asentados en el municipio de Tulúa, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
  • Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.

 

SOLICITAMOS

 

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

  • En  el marco del  cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

 

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

 

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

 “FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”

8 DE JULIO DE 2008

 

INSTITUCIONES  A DONDE SE DEBEN DIRIGIR

ALVARO URIBE VELEZ

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá

Fax. 5662071

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FRANCISCO SANTOS

Vicepresidente de la República

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

fsantos@presidencia.gov.co

 

JUAN MANUEL SANTOS

Ministro de la Defensa

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

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CARLOS HOLGUIN SARDI

Ministro del Interior y de Justicia

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

Fax.  2221874

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MARIO IGUARAN

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.

Fax. 570 20 00

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WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ

Defensor del Pueblo

Calle 55 No. 10 – 32  Bogotá D.C.

Fax. 640 04 91

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EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN

Procurador General de la Nación

Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

anticorrupció Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

reygon@procuraduría.gov.co

 

CARLOS FRANCO

Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.

Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.

Fax.  337 46 67

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NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla , Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

 

 

 

 

 

 

 

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